domingo, 23 de octubre de 2016

De conciertos y otras denuncias

Los que me conocéis sabéis que uno de mis grandes intereses es la educación. Y otro, la política.
Hablo de intereses aparte del "monotema" crianza-lactancia-embarazo.
Lo guay del tema que me ocupa para estrenar blog es que junta lo mejor de ambos mundos.
Os pongo en antecedentes:
Se trata de una madre abogada que ha decidido, una vez que su hija ha abandonado el colegio, denunciar al centro, concertado, por cobrar "aportaciones voluntarias" que son ilegales. Si queréis ver la noticia entera, y los que no sois de León, enteraros de qué va el tema, os aconsejo que leáis la noticia de ileón.com.



Cuando sale la noticia y se comparte en las redes, como no, salta la polémica. En este país ya sabéis, que opinamos de todo, aunque no tengamos ni repajolera idea de nada. Incluso cuando se trata de algo no opinable, como lo que es legal o ilegal. Y he leído de todo. Pero creo que la mayoría de las veces la cuestión es no tener muy claro lo que es un concierto educativo, y por qué surgen esos conciertos; y si no lo sabes, pues te pueden engañar y luego vas tú y defiendes al que te engaña.

La cosa es la siguiente.


Durante el franquismo la enseñanza pública era testimonial, y de poco nivel. Los maestros estaban muy mal pagados, y en muchos casos no tenían medios para enseñar. Sin embargo, el régimen cuidaba mucho a los centros privados, a los que iban los hijos de su propia élite.
En 1985 el gobierno de Felipe González saca adelante la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), que tiene una triple finalidad: por un lado, mejorar las dotaciones de los centros públicos, asegurando una buena calidad de enseñanza y recursos a aquellos que no quisieran/pudieran ir a un centro privado; por otro, regular y controlar las subvenciones que recibían esos centros, que además, cobraban unas buenas sumas a los alumnos-clientes, y por último, tratar de dar una salida a la enseñanza de religión en el colegio que se pretendía hacer desaparecer de los centros públicos.
Esto último, se trataba de hacer realidad una antigua pretensión, que era la laicidad de la educación, acorde con la nueva Constitución en la que se reconocía la libertad religiosa (es decir: la enseñanza pública debía procurar que no se sintieran excluidos ni los ateos ni los miembros de otras religiones que no fueran la católica). Pero al mismo tiempo, se reconoce una mayoría católica a través de los distintos tratados con la Santa Sede. La teoría decía que si se dotaba de un concierto educativo a los centros privados religiosos, se garantizaría que todo aquél que quisiera optar a una educación religiosa (católica) no tuviera que pagarla, garantizando así su Derecho a la Educación Gratuita.

Resumo: 
A los colegios privados que quieran someterse (porque es una forma de control) a concierto educativo, se les da un dinero, que es un presupuesto similar al que se otorga a un centro público, para garantizar, de un lado, que las familias que lo deseen, independientemente de su poder adquisitivo,  tienen acceso a una educación religiosa, y por otro, que los colegios públicos pueden sacar la religión de las aulas.

Pero algo sale mal: la iglesia presiona a los distintos gobiernos para que la escuela pública no pueda liberarse de la obligación de enseñar religión, y los colegios privados-concertados, a pesar de contar con presupuestos similares a los colegios públicos con su mismo ratio de alumnos, no dan las mismas prestaciones que los colegios públicos, que cada vez están mejor dotados.
Y así nos quedamos: con religión en el público, y cobrando "cuotas voluntarias" el privado. Y como la gente tiene en su cabeza que lo privado hay que pagarlo, basta con que alguien en el colegio les diga que concertado significa que una parte la pone el Estado, y otra parte la pone las familias, para que la peña se lo crea. Y no.

No voy a entrar ahora en el tema de la enseñanza de la religión en la escuela pública, porque ese es otro tema que da para otro debate, pero el hecho de que los colegios privados-concertados estén peor dotados no es ni más ni menos que porque son un negocio. Que sí, que las monjitas tan buenas, y los curas tan piadosos, hacen negocio con la educación; ahora igual que antes. Y a mismo dinero en un colegio público que en uno privado, hay más dinero para dotación en uno público porque TODO EL DINERO VA PARA ESA DOTACIÓN, mientras que en uno privado-concertado LA EMPRESA, QUE ES LA IGLESIA, SE TIENE QUE QUEDAR CON UNA PARTE, QUE SON SUS BENEFICIOS.

Vamos ahora a otro tema. Y es en la legalidad o ilegalidad de esas aportaciones voluntarias.
Hay una ley, orgánica, para más señas; es decir, que para ser aprobada, en su momento, no bastó con una mayoría simple, sino que las cámaras tuvieron que aprobarla por una mayoría cualificada. Vamos, que no fue el gobierno de Felipe González, que ya sabemos todos que es el coco y tal, el que aprobó la ley, sino las Cortes legalmente constituidas en 1985 las que lo hicieron. Y esa Ley Orgánica regula el dinero que entra y sale de los colegios, incluso controla el pago de las nóminas de los profesores de la escuela privada para garantizar los derechos laborales de ese profesorado y no repercutir en los centros esa responsabilidad económica. Pero a cambio, los centros se comprometen a NO COBRAR NI UNA PERRA CHICA a los alumnos, porque ya se supone que reciben el dinero del Estado.
Si esto lo llevamos a la noticia que inspira la entrada, creo que está claro: los Maristas cometen un delito cobrando un dinero, lo llamen como lo llamen a las familias de los alumnos; un delito que se llama, en principio, "falta administrativa", pero que no deja de ser un incumplimiento de una ley que ni Marianín ha tenido los cojones de derogar (dale tiempo, también te digo). Y ahora, además, hay una sentencia del Tribunal Supremo que nos recuerda que este tipo de prácticas SON ILEGALES.

Vale. Tenemos los antecedentes de hecho, la realidad legal, y ahora vamos a por esta mujer que ha denunciado el tema.

Se trata de una madre de una alumna de los Maristas de León, que llevaba allí a su hija desde el año 2004, año en el que ya se le pide la contribución voluntaria, que ella paga religiosamente hasta que la niña sale del centro una vez finalizados sus estudios. En ese momento, esta mujer, que además es abogada, lee en ileón.com la noticia de la sentencia que apunto más arriba. Se da cuenta entonces, en primer lugar, de que las aportaciones son un hecho ilegal, y por otro, que además ya hay jurisprudencia al respecto (a los puristas les digo que sí, que ya sé que en España no hay jurisprudencia en sí misma, pero les recuerdo que las sentencias del Tribunal Supremo sí que pueden ser una tendencia jurisprudencial). Además, como la niña ya no está en el centro, no tiene por qué temer represalias sobre ella. Y dado que es abogada, interpone queja administrativa ante el órgano competente, que en este caso es la Junta de Castilla y León. Y resulta que no sólo es noticia (me molan estas noticias de gente que lucha, y además le agradezco desde ya a Carlos Dominguez y a ileón.com todo lo que está haciendo con este tema, porque es de chapó), sino que además, se la comen las fieras.
Que si "de qué va la tipa esta". Que si "ya ahora que se ha ido la niña". Que si "ya ha pagado todos estos años".
SÍ, ¿Y QUÉ?


Y es que en este país el mejor argumento que usa la mayoría de la peña que saca la lengua (y la tecla) a pacer es el argumento ad hominen, es decir, el argumento contra el hombre: no importa la veracidad y firmeza de algo, que si le puedo sacar defectos que yo creo que son desacreditadores a quien defiende ese algo, pues ya me cargo aquello que defiende.
Pues desde ya os digo que, aunque se llame "argumento", en realidad, en filosofía, está dentro del grupo de las falacias. Que un argumento, o una lucha, o una verdad, no es menos verdad porque quien la diga nos caiga mal, o haya hecho algo con lo que no comulguemos. Es verdad y punto.
Y en cuanto a denunciar una falta, la puede denunciar cualquiera, aunque haya incurrido en la misma. Lo más que te puede pasar es que te digan que tú también tienes que pagar por esa falta; pero cuando a ti se te ha obligado a pagar, pues normalmente se considera que "en el pecado has tenido tu penitencia".
Imaginaos un primo cualquiera tipo "Le llamaban la Madrina" por el centro de un Madrid de los años 60; imaginaos que le aplican un Tocomocho de estos de libro; el primo cae, porque el primero en querer estafar es él. Participa de la estafa, creyendo que es a otro al que están estafando. Vale, ya os habéis echado unas risas. Ahora imaginad que este primo no puede ir a denunciar porque la naturaleza misma de la estafa hace que la peña se le eche encima si se le ocurre denunciar. Os reiréis igual, pero los que han sido realmente los delincuentes se quedarán sin castigo, y podrán seguir delinquiendo porque la víctima no es el adecuado ???????


Esta mujer está en su pleno derecho a denunciar, porque ha sido la víctima durante un montón de años, igual que todas las familias que se han plegado a la aportación voluntaria durante años y años y años. No importa que ahora la niña ya no vaya a ese colegio, porque el hecho se sigue consumando cada mes. No importa que ella haya pagado, porque el colegio sigue cobrando lo que no debe. No importa que ella nos caiga mal, aunque no la conozcamos. O aunque la conozcamos. No importa. Porque quienes lo están haciendo mal son los centros privados concertados, todos ellos, que están cobrando algo que NO DEBEN COBRAR. Y lo que tenemos que hacer los demás es alabarle el gusto a la única que, de momento, ha tenido las narices de denunciar. Y punto.